Expertos advierten que los cambios aumentan el poder del Estado y reducen las garantías para la ciudadanía frente a las autoridades.
La modificación legal a la Ley de Amparo promovida por la actual administración representa un significativo retroceso en las garantías jurídicas de los ciudadanos y fortalece la autoridad estatal. Entre los principales cambios, se destaca la reducción de las funciones de suspensión, un mecanismo clave que permitía detener actos de autoridad que pudieran causar daños irreparables durante la revisión de un juicio. Con las nuevas reglas, si una persona solicita una suspensión para evitar afectaciones y se le rechaza, sus bienes y derechos ya podrían estar en riesgo antes de que exista una sentencia definitiva, dificultando la restitución en caso de una resolución favorable.
Este cambio también implica que las sanciones por incumplimiento de sentencias a las autoridades se reduzcan, lo que puede incentivar un mayor incumplimiento por parte de las instituciones públicas. La reforma restringe la posibilidad de frenar decisiones en sectores estratégicos, como telecomunicaciones, obras emblemáticas y créditos fiscales, eliminando también la defensa basada en el interés legítimo colectivo, por ejemplo, para proteger el medio ambiente o la salud pública.
La modificación legal supone un retorno a un modelo del siglo XIX en el que sólo los afectados directos con daño particular podían acceder al amparo, dejando de lado la protección de bienes colectivos. Esto limita severamente la participación ciudadana en la defensa de intereses sociales y colectivos frente a las decisiones de las autoridades, debilitando las capacidades de control democrático y supervisión ciudadana. La tendencia se vincula con una visión que prioriza el desarrollo sin considerar los impactos sociales o ambientales, siguiendo esquemas tradicionalmente asociados al desarrollismo de décadas pasadas.
Este cambio de normativa representa un avance en el control del aparato estatal, pero también un obstáculo para la protección de derechos colectivos y la vigilancia de acciones gubernamentales, lo cual puede impactar la transparencia y responsabilidad en la gestión pública.