La iniciativa fortalece la gestión hídrica, aumenta sanciones y promueve el uso responsable del agua en México para enfrentar la escasez y la inequidad.
México avanza en la consolidación de una gestión hídrica más transparente y responsable mediante una reforma a la Ley General de Aguas que propone el fortalecimiento del control sobre concesiones y el aumento de sanciones por irregularidades. La iniciativa crea un Registro Nacional del Agua, que permitirá vigilar y transparentar las asignaciones del recurso, garantizando que el uso sea fiel a los permisos otorgados y combatirá la transmisión ilegal de derechos. Además, se introduce el concepto de “responsabilidad hídrica” para promover una gestión ética y sustentable por parte de autoridades, concesionarios y usuarios en general.
Es importante contextualizar estos cambios en un escenario donde, en los últimos años, la disponibilidad de agua en varias regiones del país ha sido crítica. La legislación vigente de 1992 favoreció un modelo que mercantilizó el recurso, facilitando el acaparamiento y la desigualdad en su distribución. La Reforma busca revertir estas prácticas, estableciendo mecanismos para un uso más equitativo y eficiente. También se incorporan medidas para aprovechar aguas residuales como recursos valiosos, dado que solo la mitad de ellas recibe tratamiento previo a su vertido en cuerpos de agua, lo que afecta seriamente los ecosistemas y la salud pública.
Dentro de los objetivos del gobierno están la tecnificación del riego, la protección del patrimonio hídrico y la reducción del uso indebido de concesiones. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estas modificaciones pretenden poner orden en un sistema que ha permitido prácticas ilegales y un mercado negro del agua, poniendo en peligro el acceso de las comunidades más vulnerables. La revisión de miles de títulos de concesión revela diversas irregularidades, como concesiones sin vigencia y falsificaciones, que la reforma pretende combatir con mayores sanciones y la posible extinción de dominio en casos reincidentes, para evitar abusos y asegurar un manejo racional del recurso vital.
La propuesta también contempla un fondo de reserva para reasignar volúmenes recuperados y promover un aprovechamiento sustentable. En suma, la reforma representa un paso decisivo para gestionar mejor el agua en un país donde su escasez representa uno de los mayores retos sociales y ambientales.