Miles de repartidores y conductores ahora tienen acceso a seguridad social, aunque persisten desigualdades y dificultades en la formalización del sector.
En 2024, México implementó una reforma laboral que introduce derechos básicos para los trabajadores de aplicaciones digitales de transporte y entrega, marcando un avance en la regulación de un sector antes considerado informal. La legislación permite a estos trabajadores optar por el régimen de subordinados, con acceso a beneficios como el IMSS, pensión y créditos, o mantenerse como independientes, pagando un seguro voluntario.
Uno de los logros más destacados es la incorporación de un seguro contra accidentes durante la realización de labores, aunque no cubre los tiempos de espera ni las actividades previas o posteriores a la labor, lo que deja amplios vacíos en la protección social. Además, el cálculo del salario mínimo mensual neto, basado en ingresos en una sola plataforma, limita la posibilidad de que quienes trabajan en varias aplicaciones accedan a un mejor nivel de protección. La intermitencia en el trabajo, asociada a la división de horas entre distintas plataformas, aún dificulta la plena formalización y el acceso a beneficios sociales.
Otro avance relevante ha sido la apertura a la organización sindical y la negociación colectiva, inédita en un sector que tradicionalmente ha sido fragmentado y caracterizado por la independencia. Sin embargo, el reto será que los sindicatos puedan adaptarse a la flexibilidad y la naturaleza intermitente del trabajo digital, para consolidar una representación efectiva.
El salario promedio en la Ciudad de México, que actualmente alcanza los 8,480 pesos mensuales, no siempre refleja los ingresos reales de los repartidores y conductores, quienes necesitan extender sus jornadas o trabajar en varias plataformas para cubrir sus necesidades. La incertidumbre sobre la viabilidad del modelo laboral formal y los costos adicionales que implican los derechos nuevos enfrentan a las empresas con el objetivo gubernamental de garantizar derechos básicos para estos trabajadores.
Un periodo de piloto obligatorio que va de julio a diciembre de 2025 será clave para evaluar y ajustar las políticas en esta materia. La reforma, aunque ha logrado incluir en la protección social a miles de trabajadores, demuestra que aún queda camino por recorrer para construir un modelo laboral justo y sostenible en el sector de las plataformas digitales.