El proyecto de reforma laboral busca reducir el poder sindical y modificar las garantías tradicionales de despido en Argentina, generando debate en el sector.
Un nuevo proyecto de reforma laboral en Argentina, en proceso de discusión, propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral destinado a simplificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con indemnizaciones y despidos. La iniciativa busca disminuir la influencia de los sindicatos y fortalecer la posición de los empleadores al modificar reglas sobre antigüedad y preaviso en las políticas laborales.
El texto establece que cada empleador deberá constituir una cuenta específica en instituciones habilitadas, con un aportes mensual equivalente al 3% de la masa salarial, para cubrir obligaciones previsionales y laborales en manera separada e inembargable. Aunque se insiste en que esta modificación no altera el régimen indemnizatorio vigente, su implementación podría facilitar la elusión de pagos tradicionales, afectando la protección social de los trabajadores.
Además, el proyecto contempla declarar ciertos servicios, como la educación y el cuidado de menores, como esenciales, restringiendo el derecho a huelga y estableciendo un mínimo de prestación del 75%. También propone la creación de una comisión especializada para calificar actividades como servicios esenciales, lo que impactaría en la negociación colectiva y en la autonomía sindical.
Otra modificación significativa es la derogación de la ultractividad de convenios colectivos, lo que podría disminuir su vigencia tras su vencimiento, dando prioridad a los acuerdos de ámbito menor sobre los de ámbito mayor. La iniciativa también limitaría la realización de asambleas laborales, requiriendo autorización previa.
El borrador del proyecto, aún en discusión, fue presentado en la Cámara de Diputados y tendría su futura aprobación en el Senado. La propuesta, que busca transformar aspectos fundamentales del mercado laboral, ha generado inquietud en las centrales obreras y organizaciones sindicales por sus posibles implicancias en los derechos laborales y la protección social.