Cambios recientes en la ley eliminan efectos colectivos y refuerzan la discrecionalidad judicial, afectando a los ciudadanos más vulnerables.
En los últimos meses, el sistema de justicia mexicano ha experimentado modificaciones significativas en la regulación del juicio de amparo, un mecanismo clave para la protección de los derechos constitucionales. Históricamente, esta figura fue creada en el siglo XIX por Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero para ofrecer a los ciudadanos una vía de defensa frente a actos arbitrarios del poder público. La jurisprudencia estableció que las suspensiones en los procesos de amparo prevenían daños irreparables, permitiendo que las acciones ilegales no causaran perjuicios definitivos antes de la resolución final.
Durante años, se reconoció que las sentencias de amparo podían tener efectos “erga omnes”, beneficiando a toda la población afectada por leyes inconstitucionales, y se introdujeron figuras como el amparo colectivo y adhesivo para facilitar el acceso a la justicia a grupos vulnerables. Sin embargo, recientes reformas eliminan estos beneficios, obligando a los ciudadanos a promover amparos individuales, incluso en casos donde la ley afectaba a muchas personas de forma simultánea.
Otro aspecto polémico es la introducción de un transitorio sobre la retroactividad, que contempla la interpretación del papel del juez como un legislador ocasional, permitiendo que los jueces creen o adapten normas jurídicas en función de circunstancias particulares. Este cambio podría debilitar la división de poderes, ya que otorga a los juzgadores una mayor discrecionalidad para determinar la validez y alcance de las leyes, desdibujando la línea entre interpretación y creación normativa.
Estos ajustes legislativos representan un retroceso en la protección efectiva de los derechos colectivos y dificultan que comunidades vulnerables puedan acceder a mecanismos de defensa adecuados, afectando la igualdad ante la ley y el estado de derecho en México.