La nueva legislación determina que los ayuntamientos serán responsables del suministro doméstico, fortaleciendo la autonomía municipal en la gestión hídrica.
Una reforma en la Ley General de Aguas establece que, en México, los municipios deberán encargarse directamente del servicio de agua potable y saneamiento en las comunidades. Aunque la Comisión Estatal de Aguas seguirá operando, su estructura tendrá que adaptarse para cumplir con esta nueva obligación, que promueve una mayor autonomía local en la gestión del recurso hídrico. La transición, sin plazos específicos, sugiere una reorganización paulatina, ya que los municipios aún no están preparados para asumir la operación de manera inmediata. Para facilitar el proceso, se propone la formación de un comité intermunicipal que coordine esfuerzos y recursos entre las autoridades locales, evitando la fragmentación y garantizando continuidad en el servicio. Además, los recursos federales que antes se entregaban a organismos estatales se canalizarán directamente a los ayuntamientos, fortaleciendo su presupuesto destinado al agua. La ley prevé que, una vez publicada la reforma, los congresos locales tengan hasta 2026 para ajustar su marco legal de acuerdo con estas nuevas disposiciones, asegurando así una gestión más descentralizada y eficiente del recurso hídrico. Expertos señalan que esta transición reforzará la responsabilidad de los municipios en el manejo del agua, elemento clave para el desarrollo sostenible y la salud pública en todo el país.