El nuevo diseño de la ley presupuestal prioriza asignaciones ambiguas y reduce fondos para instituciones clave en la lucha anticorrupción, afectando la transparencia en México. El proyecto de presupuesto para 2026 en México revela una tendencia preocupante: la asignación de recursos destinados a contrarrestar la corrupción está en declive, lo que pone en duda la efectividad de las estrategias anticorrupción del país. Aunque incluye un nuevo anexo con 16 dependencias, los fondos asignados carecen de transparencia y claridad respecto a su finalidad específica. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, planea usar estos recursos para promover la sostenibilidad pesquera, mientras que otras dependencias destinan fondos a campañas internas de comunicación, sin vinculación directa con la prevención de delitos. Este escenario contrasta con el recorte en presupuestos de instituciones especializadas que combaten la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción, cuyos recursos disminuyen en más de un 3%. La Secretaría de la Función Pública, ahora Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, enfrentará una reducción del 98% en su financiamiento, poniendo en riesgo labores esenciales de transparencia y fiscalización. La especialista Anaid García Tobón señala que resulta contradictorio que, en medio de estas reducciones, se asignen fondos a proyectos ambiguos, lo que dificultará la transparencia y la vigilancia del gasto público. La falta de recursos adecuados para órganos clave puedeimpactar en los esfuerzos por reducir la opacidad y evitar desvíos que favorecen la corrupción en México.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
