El Gobierno de la República Dominicana enfrenta un manto de controversia tras la divulgación de un acuerdo con Estados Unidos que permitirá la acogida mensual de alrededor de 30 extranjeros deportados. La noticia ha sorprendido y generado un intenso debate en diversos sectores de la sociedad.
Durante el “Desayuno Nacional de Oración 2026”, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abordó la creciente demanda social de claridad sobre este pacto. Aunque se mostró cauteloso, indicó que la comunidad requiere información precisa sobre las razones detrás de este acuerdo y la logística involucrada. De los Santos remarcó que solo el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez poseen detalles completos sobre este asunto.
La política migratoria en el país ha sido objeto de atención, con declaraciones enfatizando la necesidad de que todos los extranjeros que ingresen cumplan las normativas locales. Pelegrín Castillo, líder de la Fuerza Nacional Progresista, calificó la medida como “estratégica” pero advirtió de los peligros de transformar a la República Dominicana en un país de tránsito migratorio, considerando el contexto actual de crisis.
El rechazo se ha intensificado en el Congreso, donde el senador Moisés Ayala Pérez expresó categóricamente que no están dispuestos a aceptar ser los receptores de aquellos a quienes otros países no deseen. Estas críticas se suman a la postura del Instituto Duartiano, cuyo presidente, Wilson Gómez Ramírez, denunció el pacto como una violación legal y constitucional, señalando su desacuerdo con este “excesivamente complaciente” acuerdo.
El contrato entre ambos países establece que la República Dominicana se convertirá en un punto de tránsito temporal para los deportados, lo que ha generado profundos cuestionamientos sobre la soberanía nacional. Temas como la implicación de aeronaves y aeropuertos militares extranjeros también han sido planteados, elevando la preocupación en la agenda nacional.
Con información de listindiario.com