La justicia federal negó la protección legal a Juan Bernardo Corona por un delito de presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos, en un caso que involucra a exfuncionarios y obras en Michoacán.
La justicia federal en México rechazó un recurso de amparo presentado por Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, en respuesta a una orden de captura en su contra. La autoridad lo señala por la presunta apropiación ilícita de 3,4 mil millones de pesos, fondos que estaban destinados a la edificación de siete cuarteles policiales en la entidad. Dicha acusación también involucra a cuatro excolaboradores del exgobernador Aureoles, quienes enfrentan proceso judicial por su presunta participación en los hechos.
El amparo fue promovido ante un juzgado en la Ciudad de México, donde la juez Viridiana Berenice Quiroz determinó que la orden de aprehensión está sustentada en argumentos jurídicos sólidos y en evidencia acreditada. La resolución destaca que Corona Martínez no ha sido localizado en su domicilio, pese a esfuerzos de búsqueda, y que existen registros migratorios y propiedades en diferentes estados que justifican la cautela del proceso.
Este caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre la gestión de recursos públicos en Michoacán, una entidad que ha enfrentado problemas de corrupción y eficacia en la seguridad ciudadana. La relevancia radica en que, además de la situación del exsecretario, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo se encuentra en la mira de la fiscalía por delitos asociados con la malversación de fondos públicos, y actualmente se mantiene en condición de prófugo con alertas internacionales.
El contexto político y judicial en Michoacán refleja un esfuerzo por fortalecer la transparencia y combatir la impunidad, en un escenario donde las investigaciones sobre desvíos millonarios tienen un impacto directo en la confianza ciudadana y en las instituciones de justicia mexicanas.