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Ordenan reactivar consulta indígena en San Andrés Cholula tras amparo

Un tribunal federal ordena reactivar la consulta indígena en San Andrés Cholula, fortaleciendo derechos de los pueblos originarios frente a cambios en planeación urbana.

Por Redacción1 min de lectura
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Un tribunal federal obliga al Ayuntamiento de San Andrés Cholula a retomar la consulta previa a la elaboración del nuevo plan de desarrollo urbano, fortaleciendo derechos de los pueblos originarios en su territorio.

Un tribunal federal ha dictaminado la reactivación de la consulta indígena en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, tras la aprobación de un amparo que busca proteger los derechos de los pueblos originarios en temas de desarrollo urbano. La resolución ordena al ayuntamiento retomar esta consulta que había sido suspendida por decisiones administrativas recientes, con el fin de garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales.

La lucha por la protección del patrimonio y la autonomía de los siete pueblos originarios de Cholula ha sido intensa desde hace casi una década, enfrentando también los impactos de la expansión inmobiliaria en la región, que ha provocado escasez de agua y aumento en los precios de los terrenos, forzando a algunos campesinos a vender sus propiedades. La controversia ha tenido múltiples episodios, incluyendo cambios en los nombres y alcances del programa de desarrollo urbano local, y desacuerdos entre las autoridades municipales y las comunidades sobre los dictámenes técnicos de instituciones académicas.

Este fallo del tribunal reafirma que la Constitución mexicana reconoce el derecho preferente de las comunidades a decidir sobre sus recursos y territorio, estableciendo un precedente para que las autoridades respeten las disposiciones constitucionales y los procesos de consulta. La reanudación de las mesas de diálogo entre el ayuntamiento y los pueblos originarios se espera que permita encontrar soluciones consensuadas a los conflictos territoriales y urbanísticos que enfrentan actualmente.

Desde hace meses, las comunidades han realizado bloqueos y protestas para exigir que se reestablezcan sus derechos, y la decisión judicial representa un paso importante hacia el reconocimiento de su protagonismo en los procesos de planificación urbana en la región.

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