Se conforma un bloque en Diputados que apoya las medidas del presidente Milei en medio de negociaciones políticas sobre leyes sociales y gobernabilidad.
En un movimiento político que refleja la articulación de líneas internas en el Congreso, un grupo de seis diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), conocido como la Liga del Interior, formalizó su adhesión a un interbloque con La Libertad Avanza, respaldo que apunta a fortalecer el apoyo a las decisiones del presidente Javier Milei respecto a los veto en leyes sociales. La incorporación fue oficializada en las últimas horas, tras una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, en la que participaron legisladores como Pablo Cervi, Mariano Campero, Federico Tournier, Francisco Monti y Luis Picat, además del misionero Martín Arjol, quien comunicó su participación en el acuerdo aunque no pudo asistir.
Este acto, aunque no altera significativamente el equilibrio de poder en la cámara baja, representa un gesto de cohesión para los libertarios en un contexto de negociaciones complejas que se avecinan. El objetivo principal de estos parlamentarios será colaborar en la defensa de los vetos presidenciales en las leyes sobre jubilaciones y discapacidad, que incluyen incrementos y medidas de emergencia social recientes. En concreto, se trata de gestionar la aprobación o rechazo de propuestas que implican subas en los ingresos jubilatorios, prórrogas de moratoria previsional y atención a la población con discapacidad, buscando garantizar la estabilidad del gobierno en un escenario de alta tensión política.
Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de los gobernadores provinciales, que pretenden separar ciertos debates legislativos para evitar que las tensiones nacionales afecten sus intereses políticos y económicos. Diversificar las sesiones y dividir los temas en diferentes días permite que las provincias mantengan su influencia y que las leyes que benefician sus cargas sociales puedan avanzar sin ser colapsadas por disputas federales. La situación refleja una búsqueda de equilibrio entre la implementación de las reformas impulsadas por la nueva gestión y la protección de las prioridades regionales en un escenario legislativo altamente competitivo.