El transporte público en Quito ha sido nuevamente un tema central de discusión tras la reciente paralización del servicio en mayo. Los transportistas han solicitado una reunión con autoridades municipales para discutir el futuro del sector, que incluye un posible aumento en la tarifa de pasaje, que actualmente se sitúa en $0.35.
Desde 2015, la tarifa no ha sido revisada; no obstante, se deben considerar aspectos críticos como la calidad del servicio prestado por las cooperativas, que enfrentan quejas por el comportamiento imprudente de algunos conductores y la escasa modernización de las unidades, muchas de las cuales son contaminantes y deficientes en su mantenimiento.
Las autoridades están considerando la implementación de flotas eléctricas como una solución. Edwin Cueva, vocero de la Cámara de Transporte de Quito, mencionó que no se oponen a esta iniciativa, aunque subrayó que la infraestructura vial es insuficiente para llevar a cabo este cambio, incluyendo la necesidad de electrolineras y mantenimiento adecuado.
El costo de transición hacia buses eléctricos es significativo; cada unidad puede costar hasta $250,000. Esto plantea un desafío importante, ya que las rutas de mayor demanda requieren vehículos más robustos y sostenibles. A pesar de esos costos, Cueva enfatizó la necesidad de un plan definido para la transición hacia un transporte menos contaminante.
Expertos como César Arias argumentan que simplemente cambiar a buses eléctricos no resolverá los problemas sistémicos del transporte público. Resaltan la necesidad de mejorar la infraestructura general y la gestión operativa para transformar realmente la movilidad en Quito, lo que requiere mayor participación de las autoridades.
Con información de eluniverso.com