Casi la mitad de las pruebas de edad realizadas a menores migrantes no acompañados en Extremadura han determinado que estos son en realidad adultos. En el último año, la Fiscalía de la región tramitó 129 casos de determinación de edad, de los cuales 64 confirmaron la mayoría de edad. Solo 24 resultaron ser menores, mientras que 41 casos se archivaron debido a abandonos o renuncias.
Este asunto ha cobrado relevancia tras el anuncio de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de solicitar a la Fiscalía autorización para llevar a cabo estas pruebas. Esta acción se llevará a cabo únicamente en situaciones donde surjan dudas sobre la documentación presentada o la edad declarada.
La identificación precisa de la edad de un individuo migrante no debe tomarse a la ligera. Dependiendo de su clasificación como menor o adulto, el acceso a los sistemas de protección y derechos varía significativamente. Si se determina que una persona es menor, tiene acceso a la protección comunitaria, pero si se confirma que es adulta, entra en el régimen de extranjería sin los mismos derechos.
El informe de la Fiscalía revela una importante coordinación entre fiscales, policía y hospitales para realizar las pruebas necesarias. En muchos casos, los migrantes acogidos en los centros provienen de conflictos, como la guerra en Ucrania. La presión sobre los recursos destinados a menores se ha intensificado, llevando a la necesidad de una mayor rigurosidad en estos procedimientos.
A nivel nacional, este tema no es aislado. En 2024, se han contabilizado 7,562 diligencias en España para determinar la edad de migrantes, un incremento notable en comparación con el año anterior. La seguridad y bienestar de los menores migrantes es una preocupación central que requiere atención estatal y social para asegurar su correcto tratamiento dentro del sistema de protección.
Con información de elperiodicoextremadura.com