Organizaciones no gubernamentales exigen transparencia en avances para garantizar entornos seguros en las escuelas del país.
En un plazo de 90 días hábiles tras la publicación de un acuerdo institucional, las autoridades educativas de nivel estatal y municipal debían emitir y actualizar sus protocolos para prevenir y atender la violencia sexual en las escuelas de educación básica. Sin embargo, hasta la fecha, no existen informes concretos que confirmen el cumplimiento de esta directriz, lo que ha generado preocupación entre organizaciones y colectivos especializados en la protección infantil.
Este acuerdo institucional surgió en respuesta a una serie de incidentes de abuso sexual en planteles preescolares, y busca establecer medidas claras para prevenir, detectar y sancionar cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar. Entre los requisitos, los protocolos deben incluir objetivos específicos, responsables designados y procedimientos detallados para la atención de casos, además de un directorio de instancias vinculadas con la protección a menores.
A pesar de ello, la revisión de los protocolos publicados en la plataforma digital estatal revela que la mayoría tienen fechas de emisión antiguas, en su mayoría anteriores a 2024, y presentan inconsistencias en la denominación de sus objetivos o datos de emisión. Solo unas pocas entidades han presentado versiones digitales actualizadas para su validación, mientras que en algunos casos el acceso a los documentos es limitado o inexistente.
La situación genera inquietud sobre la efectividad de las acciones emprendidas y la urgencia de impulsar un seguimiento puntual por parte de las autoridades, docentes, familias y sociedad civil. Expertos coinciden en que sólo mediante una vigilancia constante se podrá reducir las estadísticas de violencia sexual infantil en los centros educativos y garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, varias organizaciones, firmantes del pronunciamiento, enfatizaron la importancia de que la autoridad educativa recopile, actualice y difunda de forma efectiva los protocolos, para así cumplir con la finalidad de proteger el bienestar y los derechos humanos de los menores en todos los niveles escolares.