Un grupo de adultos mayores se congrega semana a semana en San Salvador, exigiendo la devolución de sus ahorros. Este colectivo, que supera el medio centenar, enfrenta el silencio del Estado y la mala administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI), que ha confiscado su patrimonio y afecta su bienestar físico y mental.
Datos clave
- Quién: Adultos mayores afectados por COSAVI
- Qué: Protesta por la devolución de ahorros
- Dónde: San Salvador
- Cuándo: Semana a semana en curso
La situación de los ahorrantes de COSAVI no es un caso aislado, sino que representa a miles de personas que se han visto perjudicadas por un sistema financiero que parece ignorarlas. Este movimiento se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la impunidad que afecta a diversos sectores de la sociedad salvadoreña, desde otros socios de cooperativas en quiebra hasta trabajadores despedidos.
La lucha constante de estos adultos mayores refleja problemas más amplios en la economía del país, donde el endeudamiento anda por las nubes. Por ejemplo, los despidos en el sector público han dejado a aproximadamente 40,000 trabajadores sin empleo, cada uno enfrentando un promedio de $10,000 en deudas. Como resultado, la cifra total podría ascender a $400,000,000 en morosidad. Esta crisis ha llevado a muchos a lidiar con niveles desmedidos de estrés, que trágicamente, se han traducido en muertes prematuras.
¿Qué está haciendo el gobierno ante la crisis?
La respuesta del Estado ha sido insuficiente. A pesar de la creciente preocupación entre la población, no hay una estrategia clara para gestionar la crisis financiera que enfrentan los ciudadanos. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha sido criticada por su falta de acción, lo cual aumenta la desconfianza en las instituciones responsables de proteger los ahorros y derechos de los salvadoreños.
¿Cuáles son las demandas de los manifestantes?
Los adultos mayores piden protección inmediata de sus ahorros. Esto incluye la agilización de la devolución de los depósitos y el establecimiento de medidas para evitar que el Estado utilice los fondos de pensiones para financiar sus gastos. También exigen justicia financiera para los despedidos, proponiendo que se congelen los intereses de las deudas hasta que esos trabajadores encuentren nuevas oportunidades laborales.
La necesidad de una respuesta institucional efectiva es urgente. Un consejo ciudadano por la defensa económica podría unificar esfuerzos y poner presión sobre el gobierno para que asuma responsabilidad en la protección de sus ciudadanos.
Con información de diariocolatino.com