La decisión afecta a más de 12 mil productores ante la pérdida de control sobre los precios y una cadena yerbatera en crisis.
La agricultura yerbatera en Misiones enfrenta un momento crítico tras la implementación de un decreto que elimina la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para regular precios, lo que llevó a pequeños y medianos productores a detener la zafra prevista para diciembre. La medida, impulsada por cambios en la legislación nacional, genera una profunda preocupación en el sector, que ya venía afectado por reducciones en los precios y altos costos de producción.
En asambleas realizadas en diversas localidades, como Campo Grande, los productores manifestaron que la caída en los valores del kilo, actualmente en torno a 285 pesos, no cubre los costos que superan los 425 pesos. La eliminación del precio mínimo, además, favorece una concentración de la riqueza en manos de grandes empresas, mientras los pequeños productores advierten que están en riesgo de quiebra y venta masiva de tierras. La situación ha propiciado una ola de ventas de chacras, reflejando la incertidumbre y el peligro para la economía local, cuyo sustento principal es la agricultura yerbatera.
El sector también denuncia que la regulación estatal, que aseguraba ingresos mínimos y controlaba los precios, fue la principal protección frente a las presiones del mercado. Sin dicha regulación, productores advierten que los beneficios se concentran en las grandes cadenas que dominan la industria, mientras los pequeños siguen enfrentando pérdidas. La Asociación Misionera de Productores realizará una reunión de emergencia para coordinar futuras acciones de protesta ante un escenario calificado como “insostenible”. La crisis también impacta la cadena de pagos y el empleo en toda la región, que depende del sector yerbatero.
Históricamente, la yerba ha sido una tradición y parte fundamental de la identidad cultural en Misiones. La reciente modificación legislativa, que restringe aún más la capacidad de regulación, pone en jaque el patrimonio y la economía de muchas familias campesinas. La actividad ya mostraba signos de deterioro tras un decreto anterior que redujo las facultades del Inym, pero la decisión del Gobierno nacional huye del control estatal y favorece el dominio empresarial sobre un sector clave.