Agrónomos y dirigentes del campo exigen modificaciones legales que protejan derechos y fomenten el crecimiento económico en zonas rurales, ante antecedentes de manejo irregular del recurso. La comunidad agrícola ha puesto en evidencia que la estructura actual de la Ley de Aguas propicia conductas poco transparentes dentro de las instituciones encargadas del manejo hídrico. Aunque reconocen la necesidad de reformar la normativa, alertan sobre sanciones excesivas y la falta de instrumentos que permitan aprovechar adecuadamente el agua de lluvia y las fuentes existentes para impulsar el desarrollo rural. La insuficiente capacidad de las presas para retener precipitaciones y el uso subóptimo del río Lerma, que podría aprovecharse para actividades productivas, son algunos de los problemas identificados. Además, dirigentes de consorcios agrícolas señalan que la ley no protege correctamente los derechos de los productores, pues omite la regulación de pozos registrados y de aquellos inscritos en programas oficiales desde 2013, además de no contemplar de manera efectiva el acceso al agua potable para comunidades rurales y ganaderas. La percepción general es que las sanciones económicas establecidas y la conversión de concesiones en permisos discrecionales generan inseguridad jurídica, dificultando el crecimiento de las actividades agrícolas y ganaderas. Explicar la importancia de una gestión eficiente y transparente de los recursos hídricos en zonas rurales resulta fundamental, ya que el agua es un insumo vital para la agricultura, la ganadería y el bienestar de comunidades dependientes del campo. La revisión de la legislación podría favorecer un equilibrio que garantice derechos, fomente el desarrollo económico y garantice la sostenibilidad ambiental en el largo plazo.
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