La asignación de recursos aprobada por el Congreso no alcanza para cubrir los nuevos retos y mantener el equilibrio financiero en las universidades públicas del país.
En el marco del proceso presupuestal para 2026, la comunidad académica y las instituciones de educación superior han expresado su preocupación por la insuficiencia de los recursos aprobados para el siguiente año. Aunque la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) solicitó un incremento del cinco por ciento al presupuesto actual, la propuesta enviada a los legisladores prevé un alza que oscila entre 1.8 y 3 por ciento, aproximadamente, lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades del sector.
Las cifras oficiales indican que se aprobaron 10 mil 842.6 millones de pesos para educación superior, en comparación con los 12 mil 100 millones que se habían sugerido, dejando a las instituciones con apenas una fracción del recurso solicitado. De esa cantidad, sólo 4 mil 714.5 millones de pesos serán destinados a universidades públicas, contribuyendo a un panorama financiero complicado para estas instituciones.
El impacto de esta asignación es significativo, pues no cubre la inflación proyectada por encima del 3.5 por ciento, lo que agravará los problemas existentes y ampliará el déficit presupuestal que actualmente se estima en unos 50 mil 400 millones de pesos. La falta de recursos afecta áreas fundamentales como la modernización de infraestructura, formación de docentes, financiamiento de pensiones y adaptación a un creciente número de estudiantes.
Es importante destacar que, en un contexto donde la inversión en educación superior es clave para el desarrollo económico y social, la insuficiencia presupuestal puede limitar las capacidades institucionales y afectar la calidad educativa, además de retrasar programas de innovación y equipamiento tecnológico esenciales ante los cambios sociales y tecnológicos actuales.
