CIUDAD DE MÉXICO. – Al menos 31 figuras políticas de los últimos siete años poseen concesiones de agua a su nombre, acumulando un volumen total de más de 6.2 millones de metros cúbicos anuales, según una investigación del Registro Público de Derechos de Agua. Esta cantidad equivale a 2 mil 511 albercas olímpicas y pone de manifiesto una significativa concentración del recurso hídrico entre actores del ámbito público.
El senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín lidera la lista de concesionarios, con tres títulos que suman 1.4 millones de metros cúbicos al año. Le siguen la diputada federal Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, entre otros servidores públicos y exfuncionarios de diversos niveles.
Este hallazgo se produce en el contexto de la reciente aprobación de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales. La nueva legislación, que entró en vigor el 4 de diciembre, prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares y otorga mayores facultades a la Comisión Nacional del Agua para la reasignación de volúmenes, buscando fortalecer el control estatal sobre el recurso hídrico.
Especialistas advierten que estas reformas, si bien buscan un mayor control estatal, también podrían abrir la puerta a la discrecionalidad y opacidad en la asignación de títulos. Durante el debate legislativo, el tema de las concesiones generó un intercambio de señalamientos entre fuerzas políticas, a pesar de que el análisis del padrón oficial revela la presencia de concesionarios en prácticamente todos los partidos.
La revisión al registro también incluye a gobernadores y ministros del Poder Judicial, quienes cuentan con títulos vigentes para uso agrícola, pecuario o industrial, tanto en sus estados como en otras entidades. La evidencia sugiere que el acceso al agua concesionada es una práctica extendida entre figuras públicas, en un momento en que el país debate nuevas reglas para la gestión de un recurso cada vez más escaso.