Aunque la nación reconoce los efectos del cambio climático y apuesta por la adaptación, sus decisiones energéticas siguen favoreciendo los combustibles fósiles, poniendo en duda su compromiso con una transición justa.
A pesar de los avances en el reconocimiento de los impactos del cambio climático y la inclusión de la adaptación como eje central en la política ambiental, México enfrenta un desfase entre sus discursos y sus acciones concretas. La reciente formulación de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) refleja un compromiso por abordar la vulnerabilidad y promover derechos humanos, pero contrasta con una política energética que continúa expandiendo el uso de combustibles fósiles. Proyectos emblemáticos como la refinería de Dos Bocas siguen en marcha, pese a evidencias de ineficiencia y altos costos, mientras que el fracking y exploraciones en zonas de estrés hídrico permanecen activas. Además, la dependencia en financiamiento externo y tecnología internacional limita la autonomía del país en su transición, todo ello en un contexto global donde la influencia de la industria fósil en negociaciones climáticas es cada vez mayor. La presencia de discursos negacionistas que amenazan con frenar los avances hace más urgente que las autoridades mexicanas prioricen decisiones políticas consistentes con el conocimiento científico para avanzar verdaderamente hacia una transición energética justa y efectiva.
Este escenario evidencia que reconocer la crisis climática no basta si las acciones del país siguen alineadas con intereses económicos en detrimento del medio ambiente y la justicia social. La verdadera transformación requiere decisiones firmes que contravengan los beneficios inmediatos de los combustibles fósiles, poniendo en primer plano la salud del planeta y la población.