La reducción en el gasto público en pensiones impulsa a personas de más de 60 años a mantenerse activas laboralmente en condiciones precarias.
El aumento en la participación laboral de los adultos mayores refleja una tendencia motivada por pensiones que no superan los 10 mil pesos mensuales, obligando a muchos a continuar trabajando en la economía informal. La disminución en el gasto gubernamental en pensiones y jubilaciones, en un contexto de seguridad social limitada, ha llevado a que personas de más de 60 años permanezcan activos laboralmente, en su mayoría en empleos sin formalidad ni prestaciones.
La baja en las transferencias del Estado y la insuficiencia de los fondos de retiro también contribuyen a esta situación. La mayoría de quienes han logrado acceder a una pensión reciben montos cercanos a los nueve mil seiscientos pesos, lo que dificulta cubrir las necesidades básicas. La falta de una cultura sólida de ahorro, junto con incentivos limitados para hacerlo, agrava la problemática, generando un ciclo en el que la informalidad y la pobreza se perpetúan en la vejez.
Este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social y promover una cultura de ahorro para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y reducir su dependencia del trabajo en la etapa final de sus vidas.