La creación de un registro oficial busca fortalecer las acciones contra el incumplimiento en pensiones alimenticias y proteger los derechos de los menores.
En un esfuerzo por disminuir la cantidad de deudores alimentarios no registrados, las autoridades trabajan en la implementación de un padrón oficial que recopilará información de casos con sentencia judicial. La expectativa es que este mecanismo, aprobado tras un período de adaptación de hasta 300 días hábiles, permita identificar y dar seguimiento a quienes incumplen con sus obligaciones de pensión alimenticia, promoviendo la transparencia y la responsabilidad. La iniciativa también contempla la colaboración entre el Poder Judicial y los centros DIF, quienes deberán compartir los datos necesarios para mantener actualizado este registro.
La creación del padrón surge como una respuesta a la problemática de la llamada “cifra negra” en delitos y obligaciones no denunciadas, especialmente en temas donde la vulnerabilidad de los menores implica una obligación social y legal. La socialización del sistema será clave, para que tanto la ciudadanía como las instituciones conozcan su funcionamiento y puedan usarlo con protección de datos. Aunque en principio será un registro temporal, su objetivo principal es garantizar que los responsables cumplan sus compromisos y que los menores en situación de vulnerabilidad tengan mayores garantías de sus derechos. La puesta en marcha de este padrón representa un paso importante en el combate al incumplimiento en pensiones alimenticias y en la lucha contra la impunidad en este ámbito.
La iniciativa busca también agilizar los procesos judiciales y facilitar la identificación de deudores en casos relacionados con derechos de menores, promoviendo un sistema más eficiente y justo. La colaboración entre distintas instancias gubernamentales será fundamental para su éxito y para reducir las cifras de incumplimiento en la materia.
