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Más de 2,700 obras públicas están paralizadas en el Perú

Más de 2,700 obras públicas están paralizadas en Perú, reveló la Contraloría, destacando preocupaciones sobre la gestión técnica y la reducción de personal.

Por Redacción1 min de lectura
La Contraloría revela un aumento significativo en proyectos detenidos a nivel nacional.
La Contraloría revela un aumento significativo en proyectos detenidos a nivel nacional.
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Lima, Perú. – El 2026 comienza con un alarmante total de 2,741 obras públicas paralizadas en el país, según el informe preliminar de la Contraloría General de la República. Esta cifra incluye proyectos de los tres niveles de gobierno y representa un incremento notable respecto al año anterior.

En enero de este año, se logró reiniciar aproximadamente 740 obras que habían estado detenidas. Sin embargo, esta reactivación contrasta con el total de obras paralizadas, que supera en 325 proyectos a los registros de 2025, cuando el número alcanzaba 2,416. Estos proyectos inconclusos implican una inversión de más de S/ 67,139 millones.

La falta de capacidad técnica de los funcionarios en la gestión de inversiones públicas ha sido identificada como una de las principales causas de estas paralizaciones, según la Contraloría. Actualmente, se estima que alrededor del 20% de las obras del Gobierno nacional están detenidas, y en el ámbito regional, el porcentaje ronda el 15%.

Cusco lidera la lista de regiones con obras paralizadas, acumulando 382 proyectos detenidos, seguido de Puno con 277 y Áncash con aproximadamente 200. Entre las regiones con mayor presupuesto, Lima, Arequipa, La Libertad y Piura también presentan altos niveles de obras paralizadas, lo que agrava la situación en el país.

Adicionalmente, la Contraloría ha advertido sobre una disminución considerable en el personal de la institución. Se estima que en los próximos meses, hasta 1,900 trabajadores podrían ser despedidos debido a restricciones en la contratación. El contralor César Aguilar destacó que la falta de recursos afectará la capacidad de la entidad para auditar correctamente las elecciones, lo que podría repercutir en todo el país.

Esta situación plantea un desafío significativo para la gestión de recursos públicos y la ejecución de obras esenciales en el Perú.

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