Organizaciones advierten que las concesiones viales impulsadas por el gobierno de Javier Milei podrían violar derechos constitucionales y aumentar significativamente tarifas.
La propuesta de concesionar rutas nacionales bajo un esquema de cobro de peajes por 30 años genera preocupación entre distintos sectores, que consideran que la iniciativa puede vulnerar principios constitucionales y afectar a los usuarios. Organizaciones de defensa de los usuarios viales advierten que el sistema actual contempla caminos alternativos libres de pago, situación que podría ser ignorada en los nuevos pliegos de licitación, los cuales se enfocan principalmente en tareas de mantenimiento y conservación sin expandir la red concesionada. Además, estiman que el dispositivo elevará en gran medida las tarifas, con peajes que podrían representar hasta 35 millones de pesos anuales por un solo camión en rutas que conectan distintas provincias, incluyendo el tramo desde Capital Federal hasta Bahía Blanca. La ausencia de un organismo regulador que supervise estas concesiones también preocupa a los críticos, quienes consideran que esto podría derivar en prácticas poco transparentes y en una distribución de fondos que no beneficie a la infraestructura vial. La oposición señala además que los fondos recaudados por impuestos sobre combustibles, destinados históricamente a obras viales, no están siendo destinados para estos proyectos, lo que, según afirman, constituye una desviación de recursos públicos. Por otro lado, las licitaciones actuales reciben financiamiento estatal a través de créditos subsidiados del Banco de Inversiones y Comercio Exterior, en un contexto que contradice la narrativa libertaria promovida por el gobierno, y que ha incluido la concesión de rutas vinculadas a empresarios con antecedentes de corrupción. En respuesta a estas inquietudes, organizaciones planean presentar medidas judiciales para suspender las licitaciones hasta que se establezca un órgano regulador autónomo que garantice la protección de los derechos de los usuarios y la transparencia en la gestión.