A partir de septiembre, la Corte tendrá que resolver casos destacados como prisión preventiva oficiosa y disputas legales contra exfuncionarios y leyes.
El primero de septiembre marcará la entrada en funciones de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras ser electos en una histórica votación en junio. Estos juristas asumirán la responsabilidad de resolver un volumen superior a los mil 300 expedientes acumulados, que incluyen temáticas complejas y de gran impacto legal y social. Entre los casos más relevantes se encuentran debates sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, una medida que ha generado controversia por sus implicaciones en derechos humanos, y procedimientos que involucran a figuras públicas y empresas privadas.
La prisión preventiva oficiosa, implementada en varias reformas, ha sido señalada por instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte su posible vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia. La Corte tendrá que definir si mantiene o modifica este mecanismo, enfrentando presiones tanto internas como externas. Además, el tribunal revisará el caso de una periodista que interpuso una demanda por daño moral contra un exdirector de Pemex por acusaciones infundadas en su contra.
Otra cuestión de alto interés que deberá abordar la nueva integración es el uso del Banco de ADN forense en la Ciudad de México. Actualmente en duda su compatibilidad con derechos constitucionales, organizaciones civiles buscan que la Corte determine si la ley que obliga a personas imputadas a entregar muestras genéticas viola garantías fundamentales, considerando que estas muestras contienen información altamente sensible. La resolución de estos casos consolidará la autoridad y credibilidad del órgano judicial en un momento crucial de su historia.