A finales del siglo XX, menos de 30 países contaban con normas para asegurar el derecho a saber. Sin embargo, el inicio del nuevo milenio trajo consigo un auge reformista que elevó a 139 naciones con leyes que promovieron la transparencia. El verdadero reto ha sido la implementación efectiva de estas normativas, enfrentando escándalos y la falta de consecuencias. Se buscaba generar un vínculo de confianza con la ciudadanía.
A medida que se desarrollaban iniciativas de gobierno abierto, se promovieron servicios más accesibles y ciudadanos más exigentes. 77 países adoptaron este enfoque, pero no todos los esfuerzos resultaron sostenibles. La llegada de líderes autoritarios ha profundizado la desigualdad y ha llevado a la monopolización del discurso, convirtiendo la transparencia en un desafío en lugar de una solución.
En México, el avance hacia una mayor transparencia ha dado paso a una nueva opacidad institucional, como revela un informe de Artículo 19. Esta situación se manifiesta en problemas con la plataforma nacional de transparencia y un aumento en los criterios para reservar información, además de la falta de datos actualizados e intermitencias en el acceso a registros.
Cuatro nuevas causas de reserva, que incluyen ambigüedades que pueden afectar la paz social, han creado una mayor dificultad para acceder a información crítica. Al distribuir responsabilidades entre diferentes poderes, se ha debilitado la obligación de cumplir con las normativas. Además, el juicio de amparo, que solo se puede tramitar en Aguascalientes, es una de las escasas opciones para abordar inconformidades.
El panorama es preocupante: la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI muestra que sólo el 46% de la población confía en el gobierno federal. La falta de información verificable continúa erosionando la confianza ciudadana, donde, evidentemente, la retórica no es suficiente.
Con información de eluniversal.com.mx