Aunque se realizaron ajustes para proteger concesiones familiares, especialistas alertan que la reforma mantiene riesgos en la transmisión y criminaliza acciones agrícolas
En los últimos días, se anunciaron modificaciones a la propuesta de la Ley de Aguas, tras un acuerdo con productores agrícolas que protestaron durante cinco días para proteger derechos de herencia y garantizar la continuidad del uso de concesiones. Sin embargo, analistas argumentan que estos cambios no alteran la esencia de la ley, la cual sigue substituyendo las transmisiones automáticas—una garantía jurídica establecida durante décadas—por un sistema de reasignaciones más burocrático y arbitrario. Esta transformación puede generar incertidumbre para los agricultores, quienes podrían ver complicados sus procesos de transferencia de derechos sobre el agua.
Además, algunos críticos alertan sobre la persistente criminalización de actividades rurales que, en su mayoría, buscan mantener o recargar acuíferos y mejorar infraestructuras menores, siendo consideradas infracciones o delitos bajo la nueva normativa. Esto fomenta un ambiente de inseguridad jurídica para los productores que cumplen con el uso responsable del recurso hídrico. La reforma, por tanto, no resuelve los debates sobre el acceso equitativo y sostenible del agua, manteniendo aspectos que podrían vulnerar la seguridad y el carácter productivo del campo mexicano. La relevancia de esta ley radica en su impacto directo sobre la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola del país.