La propuesta busca fortalecer la gestión del recurso hídrico en México, pero requiere mayor respaldo presupuestal y diálogo con productores agrícolas y comunidades.
La reciente propuesta de una nueva Ley General de Aguas en México ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y las perspectivas para resolver la crisis hídrica del país. La legislación busca regular el uso del agua y corregir desequilibrios en el acceso, pero enfrenta desafíos significativos, principalmente la falta de recursos financieros y una infraestructura adecuada. La realidad del stress hídrico mexicano es alarmante; el país ha pasado de contar con suficientes recursos a estar en niveles de escasez, impulsada por el crecimiento poblacional, la expansión agrícola en zonas áridas y el cambio climático. La sobreexplotación de acuíferos y el aumento en los costos de extracción agravan la situación, afectando tanto a ciudades como al sector agrícola, que aporta más del 50% del valor agrícola nacional y es clave para la exportación de productos básicos. La continuidad de políticas con presupuestos reducidos, como la disminución del 40% en fondos para la Comisión Nacional del Agua desde 2019, dificulta la inversión en infraestructura tecnológica y medidas para optimizar el uso del recurso. Para que la ley tenga éxito, es imprescindible fortalecer el diálogo con productores, incrementar la inversión en tecnologías de riego eficiente y promover la gobernanza participativa. Sin recursos adecuados y un enfoque inclusivo, el país corre el riesgo de que la crisis hídrica se agudice, generando mayores conflictos sociales y económicos.