El uso de menores en actividades delictivas se ha incrementado, aprovechando las redes sociales y la impunidad para su reclutamiento
El reclutamiento de menores por grupos criminales en México continúa en aumento, con el uso de nuevas tecnologías y la impunidad como principales herramientas. En 2021, el 70% de los adolescentes en conflicto con la ley tenían vínculos con organizaciones criminales, y nueve de cada diez estaban en actividades delictivas desde antes de los seis años. La organización Reinserta advierte que los menores son considerados mano de obra barata y eficaz para el narcotráfico, debido a que las penas para ellos son significativamente menores que las de adultos.
Un ejemplo reciente es la detención de 18 menores en un campamento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Rincón de Romos, Aguascalientes, el 26 de julio pasado. Entre los detenidos, Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, fue capturado tras promesas de trabajo que nunca cumplió. Su familia indicó que perdió contacto con él horas después de salir de su casa con la promesa de un empleo en Guadalajara.
Expertos señalan que la falta de presencia estatal en comunidades vulnerables favorece el reclutamiento infantil. Italy Ciani Sotomayor, abogada penalista, explica que los menores representan aproximadamente el 30% de las estructuras criminales, formando una mano de obra efectiva y económica para el crimen organizado. La diferencia en las sanciones penales entre adultos y menores incentiva esta práctica, pues las penas para los adolescentes son mucho menores.
Reinserta alerta que el 81% del territorio mexicano presenta presencia de grupos criminales, lo que multiplica el riesgo para los menores en comunidades vulnerables. La organización pide tipificar el reclutamiento forzado infantil como delito y fortalecer las políticas sociales para prevenir su incorporación a actividades ilícitas. Expertos coinciden en que mientras el Estado no garantice oportunidades y protección, el reclutamiento infantil por el crimen organizado seguirá en aumento.
El caso de Carlos Antonio y otros menores refleja la gravedad del problema, que requiere atención urgente para proteger a la infancia y reducir la violencia vinculada al narcotráfico.