El Mundial de la FIFA 2026 ha revelado cómo los intereses geopolíticos y el control estatal superan las pretensiones de inclusión y equidad en los deportes. A pesar de la imagen de un evento universal, muchos jugadores y aficionados han sufrido negaciones de visados y deportaciones, desafiando el espíritu de unidad que promueve la FIFA.
Mientras la organización ensalza la diversidad y el acceso, la realidad es diferente. Casos recientes como la exclusión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan y la deportación del fotógrafo iraquí Talal Salah evidencian un patrón de participación restringido, donde el acceso se define por alineaciones políticas en vez de méritos deportivos.
Particularmente, el caso de Irán subraya la influencia de tensiones internacionales en el torneo. A pesar de los esfuerzos de la FIFA por mantener el fútbol independiente de la política, la selección nacional iraní enfrentó severas restricciones, incluyendo la falta de visados para su personal clave. Esto condujo a que su equipo se viera obligado a entrenar en Tijuana, México, limitando aún más su capacidad de participar plenamente en la competencia.
Las críticas hacia la FIFA enfatizan la hipocresía en su defensa de los derechos humanos y la no discriminación. Con el torneo permeado por rivalidades geopolíticas, el acceso se ha vuelto una cuestión de política internacional, donde las decisiones pueden beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Este enfoque favorece la creación de jerarquías que limitan la movilidad de las naciones que no cuentan con el respaldo geopolítico de potencias como Estados Unidos.
El Mundial, un evento que debería ser un símbolo de unidad, se convierte en un escenario donde las disputas políticas reemplazan las verdaderas oportunidades de competición. La FIFA, en lugar de aplicar sus propios principios, opta por acomodar situaciones que benefician a sus intereses financieros, perpetuando así un ciclo de exclusión selectiva.
Con información de hispantv.com