La funcionaria, vinculada a Morena, fue herida al llegar a su casa en Palizada y falleció en el hospital; investiga Fiscalía por posible conflicto político.
Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, quien ocupaba el cargo de síndica jurídica del Ayuntamiento de Palizada, en Campeche, fue víctima de un violento ataque cuando llegaba a su residencia en la colonia Ampliación Zaragoza. El incidente ocurrió la noche del 17 de noviembre en la calle Morelos, a unos días de la campaña electoral para el proceso 2024 en la región. La funcionaria fue alcanzada por al menos seis impactos de bala mientras transitaba en su camioneta Chevrolet Trax blanca. Aunque fue trasladada de emergencia a un hospital local, no pudo superar las heridas y falleció durante la intervención quirúrgica. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación para esclarecer los motivos y las circunstancias del asesinato, que ha conmocionado a la comunidad.
Karina Díaz, nacida en 1968, contaba con una amplia trayectoria en el ámbito educativo y político en Palizada. Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y miembro activo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue una figura reconocida por su cercanía con la comunidad y su compromiso con la cultura local y la mejora de la infraestructura escolar. En su carrera política, ejerció como regidora del ayuntamiento, donde promovió programas culturales y defendió los derechos del magisterio. En 2024, buscó la presidencia municipal de Palizada como candidata de Morena, logrando ampliar su influencia en la región, aunque sin éxito en las urnas. Recientemente, había expresado críticas hacia la administración local, liderada por un alcalde de izquierda, lo que podría estar relacionado con su asesinato, que todavía está bajo investigación.
Este crimen pone en evidencia los desafíos de seguridad en zonas donde la política y las disputas internas a menudo derivan en violencia. La muerte de Karina Díaz involucra una problemática que va más allá de su figura, reflejando posibles conflictos en la política local y la necesidad de fortalecer la protección a los actores públicos.