La omisión en la atención y suministro de medicamentos en el penal de Oaxaca causaron la muerte de un detenido con enfermedades crónicas, alertando sobre violaciones a derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que la muerte de un interno en el Centro Federal de Reinserción Social No. 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue resultado de una atención médica deficiente y omisiones en la administración de medicamentos. La víctima, que padecía Parkinson, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, además de haber sufrido un derrame cerebral y presentar problemas respiratorios, no recibió tratamiento adecuado pese a su delicado estado, situación que agravó su condición hasta su fallecimiento.
Desde diciembre de 2022, se denunciaron irregularidades en la provisión de medicinas esenciales, agravadas por retrasos en valoraciones médicas especializadas en neurología y otras áreas clave. La CNDH evidenció que las limitaciones económicas del penal obligaron a familiares a comprar medicamentos con fondos propios, bajo procesos administrativos lentos e ineficientes, lo que refleja una grave falla estructural en el sistema penitenciario.
Este caso refuerza la relevancia de la protección de derechos humanos en las prisiones, especialmente en el contexto de crecientes reportes sobre negligencias médicas y condiciones deficientes en instituciones penitenciarias mexicanas. La situación muestra la necesidad urgente de implementar protocolos efectivos que aseguren el acceso oportuno a atención y medicinas para quienes enfrentan condiciones de salud críticas en internamientos carcelarios.
Por ello, la CNDH emitió una recomendación en la que pide gestionar reparaciones para los afectados, incluyendo atención psicológica y tanatológica, además de promover acciones para garantizar atención médica de calidad en unidades penitenciarias del estado de Oaxaca. Además, se instruyó investigar y sancionar a las responsables, con apoyo del IMSS y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, que deberán colaborar en acciones de mejora y seguimiento.
Este caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales y presupuestales en el sistema penitenciario mexicano, particularmente en el acceso a salud, un derecho fundamental que, cuando se viola, tiene efectos devastadores para los internos y sus familias.