La bancada busca impulsar cambios en el proceso electoral antes del inicio del período ordinario de sesiones, con posible uso de mayoría calificada y discusión en periodo extraordinario.
La bancada de Morena, liderada por Ricardo Monreal, está considerando la posibilidad de someter a aprobación en un proceso acelerado la reforma electoral antes del inicio del próximo período ordinario de sesiones, programado para el primero de febrero. Aunque no hay una confirmación oficial, fuentes cercanas indican que la intención sería enviarla en enero, aprovechando un período extraordinario de sesiones para facilitar su discusión y aprobación rápida.
Este movimiento refleja la intención de la mayoría en el Congreso de avanzar con cambios sustantivos en la estructura electoral, incluyendo medidas como la reducción del financiamiento a partidos políticos y la disminución de legisladores plurinominales. La estrategia sería utilizar la mayoría calificada en la Comisión Permanente para abrir un período exclusivo de revisión y debate, que permitiría acelerar el proceso legislativo.
La propuesta de reforma ha provocado inquietud en otros partidos aliados, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que muestran divergencias respecto a algunas de las medidas planteadas. Estas diferencias podrían representar un obstáculo para la aprobación definitiva o, al menos, marcar la primera vez en que algunos integrantes expresen públicamente su desacuerdo con las propuestas de Morena.
Antes de su envío, la iniciativa genera un debate intenso en torno a la velocidad con la que el Congreso puede y debe tramitar cambios tan relevantes para el sistema electoral, y cómo estos afectan la equidad y la transparencia en los procesos democráticos. La discusión también cobra relevancia en un contexto donde la relación entre los poderes políticos y las instituciones electorales está en el centro de las próximas decisiones nacionales.
A nivel histórico, la prisa en aprobar reformas electorales ha sido cuestionada por analistas que advierten sobre los riesgos de implementar cambios sin un amplio consenso, destacando la importancia de fortalecer los mecanismos democráticos para evitar efectos negativos a largo plazo.