Senadores de oposición señalan peligros en la designación de perfiles cercanos al gobierno en el órgano judicial, que podría afectar la imparcialidad.
En un recorte reciente del proceso legislativo, se confirmó la ratificación de cinco nuevos magistrados en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, propuesta por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los nombramientos incluyen a exfuncionarios y especialistas con vínculos establecidos con el actual gobierno, generando preocupaciones sobre la posible pérdida de neutralidad en decisiones judiciales que afectan la relación entre la Administración Pública Federal y los particulares.
A este escenario se suma un contexto más amplio: la tendencia de Morena en el Congreso de alterar la estructura de órganos autónomos mediante designaciones que favorecen a perfiles leales, lo cual ha sido criticado por la oposición, principalmente por su posible impacto en la independencia judicial y la división de poderes. Expertos y legisladores del PAN han señalado que estas acciones reflejan una estrategia para instaurar un control casi absoluto de los organismos públicos, lo que podría derivar en un régimen de mayor autoridad presidencial.
Para entender la importancia de estos cambios, es fundamental considerar que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelve disputas que involucran recursos y conflictos entre la Administración Pública Federal y los ciudadanos, por lo cual la imparcialidad de sus integrantes resulta crucial. La presencia de personas con antecedentes en el gobierno o en partidos políticos incrementa la percepción de parcialidad, poniendo en duda la transparencia del proceso.
La designación de estos magistrados se lleva a cabo en un momento en que la estructura de órganos judiciales y de regulación en México está bajo escrutinio, ante indicios de movilizaciones para consolidar el control institucional. La comunidad política y legal sigue de cerca estos movimientos, conscientes del impacto que puedan tener en la instituciones democráticas y en la protección de derechos ciudadanos.