La Cámara de Diputados aprueba la reforma en medio de reclamos por transparencia y control del recurso hídrico, generando debate sobre su impacto.
La Cámara de Diputados llevó a cabo la aprobación de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en un proceso acelerado que generó controversia entre legisladores. La iniciativa fue respaldada por un amplio margen, con 328 votos a favor, pero enfrentó críticas de las bancadas opositoras, que cuestionaron la falta de consulta previa a comunidades y pueblos originarios. La movida se dio pocas horas después de que la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobara el dictamen, lo que provocó protestas por parte de legisladores opositores que insistieron en que la votación fue apresurada y sin la debida transparencia.
En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, anunció que la ley será aprobada en los términos generales y que las modificaciones serán consideradas durante la discusión de reservas. Entre los cambios previstos, se mantienen garantías para el uso agrícola y ganadero del agua, asegurando que no habrá disminución en derechos adquiridos ni en volumen de concesiones. Sin embargo, el debate continúa en torno a las implicaciones del control del recurso hídrico, principalmente en áreas rurales, donde productores y comunidades temen perder autonomía en la gestión del agua.
La oposición ha manifestado su preocupación por posibles intentos de monopolización del recurso y por la consulta a los pueblos originarios. Legisladores del PAN y del PRI solicitaron mayor transparencia y que las instituciones responsables expliquen los alcances de la ley, advirtiendo sobre posibles impactos en el patrimonio comunitario y en las actividades productivas. La aprobación en este fast track representa un paso importante en la política hídrica del país, pero también reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo y conservación.