La propuesta de reforma fue respaldada por Morena y aliados en medio de manifestaciones en varios estados, avanzando hacia la discusión en el Pleno de Diputados.
En una sesión marcada por la controversia, la mayoría de legisladores de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y en particular la nueva Ley de Aguas, una iniciativa que ha generado protestas en distintos puntos del país. La aprobación, que contó con 28 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, prepara el siguiente paso en su proceso legislativo, ahora en discusión ante la Cámara de Diputados en el Congreso.
A pesar del apoyo del bloque oficialista, la oposición expresó su desacuerdo, señalando que la reforma concentra el control del recurso hídrico en manos del Estado y limita los derechos de transmisión, herencia y uso de agua por sectores agrícolas y pecuarios. Los críticos argumentaron que la propuesta no garantiza certeza en los volúmenes de agua ni en las prorrogas, además de no atender demandas de comunidades afectadas. Por ello, pidieron postergar el debate para evitar su discusión en los próximos días.
Por su parte, quienes respaldan la reforma aseguraron que el proyecto busca modernizar la gestión del agua y afirmaron que el 95% de las exigencias de los manifestantes, movilizados junto a transportistas en noviembre pasado, fueron tomadas en cuenta. Esta legislación forma parte de una serie de cambios regulatorios que buscan equilibrar el uso del recurso en un contexto de crecientes demandas y escasez.
Es importante observar cómo la coyuntura refleja las tensiones entre el interés gubernamental en regular un recurso vital y las preocupaciones sociales y productivas que buscan garantizar derechos y certeza en su uso. La Ley de Aguas, si avanza en su trámite, tendrá un impacto significativo en la gestión hídrica del país y en la forma en que comunidades y sectores económicos acceden y administran este recurso esencial.