Investigaciones revelan irregularidades en registros y transacciones financieras de hermanos de la Secretaría de Marina, vinculados a red de distribución ilegal de combustibles.
Recientes investigaciones en México han puesto en evidencia irregularidades financieras vinculadas a miembros de la Secretaría de Marina (Semar) que estarían implicados en una red de tráfico de combustibles ilegales, conocida como huachicol fiscal. Entre los principales involucrados se encuentran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, quienes presuntamente recibieron más de 23 millones de pesos en pagos en nómina entre 2020 y 2024, cifras que superan ampliamente sus declaraciones ante las autoridades fiscales, lo que genera dudas sobre sus operaciones financieras y patrimoniales.
Los análisis de documentación fiscal revelaron que Manuel Roberto Farías Lagunas, además de su sueldo oficial, recibió pagos que en algunos días alcanzaron montos superiores a los 800 mil pesos en varias ocasiones, incluso en múltiples comprobantes en un solo día. Asimismo, sus gastos y deducciones familiares evidencian una serie de operaciones de alto valor, incluyendo compra de inmuebles, pagos en efectivo y pólizas de seguros por millones de pesos, en una actividad que no concuerda con sus ingresos formales.
Por otra parte, Fernando Farías Laguna también muestra un patrón de transferencias y depósitos millonarios, incluyendo movimientos superiores a 40 millones de pesos en pocos meses. Las autoridades han localizado operaciones sospechosas relacionadas con cuentas de su esposa, posibles operaciones inmobiliarias de alto valor y adquisiciones de vehículos, algunas conmontos que parecen desproporcionados respecto a su ingreso declarado.
Esta investigación se enmarca en un contexto donde la Secretaría de Marina inició indagaciones sobre una supuesta red de huachicol fiscal, cuyo esquema operaba mediante la falsificación y declaración de cargas de combustible como productos legales, permitiendo evadir impuestos y lavar dinero. Se ha identificado que los implicados instruían sobre los procedimientos para realizar inspecciones falsas en los muelles y facilitaban la descarga de gasolina y diésel en rutas ilícitas, con el respaldo de funcionarios complices.
El caso también involucra a figuras relacionadas con operaciones inmobiliarias y vehículos de lujo, además de cuentas y operaciones financieras en instituciones como Santander y BBVA, que refuerzan la sospecha de lavado de dinero. Las investigaciones apuntan a una posible estructura criminal que utilizaba prestanombres y operaciones simuladas para ocultar una amplia red de corrupción y contrabando de combustible.