El Nuevo Plan de Persecución de Delitos 2025-2034 prioriza la atención a víctimas y la transformación digital en la Fiscalía, con amplio respaldo social y económico.
En un esfuerzo por modernizar y hacer más efectiva la justicia, el estado de Michoacán presentó su Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, que coloca en el centro del proceso a las víctimas. Este plan estratégico surge tras un proceso participativo que involucró análisis internos, diálogo comunitario y diversas reuniones con distintos sectores sociales, académicos y productivos a lo largo del estado. La iniciativa contempla la incorporación de la plataforma tecnológica “Transforma tu Fiscalía”, diseñada para recibir aportaciones ciudadanas y fortalecer la atención institucional.
Además, se llevaron a cabo foros regionales que permitieron comprender las particularidades de cada zona, reflejando la diversidad en fenómenos delictivos y necesidades sociales. La participación de más de 8 mil personas enriqueció la conceptualización del plan, que también incluye visitas a fiscalías regionales para actualizar sus capacidades y recursos. La estrategia incorpora principios rectores, mecanismos de evaluación y seguimiento, así como la implementación de la plataforma digital “AccesUs”, que busca incrementar la accesibilidad y eficiencia en la atención a víctimas y a la ciudadanía en general.
El análisis contextual revela que estas acciones forman parte de la política federal de seguridad, orientada a fortalecer la paz y la justicia social en la región. Al mismo tiempo, el respaldo financiero y político del gobierno estatal, incluyendo un incremento presupuestal superior al 15% para 2026, busca consolidar una estructura judicial más cercana y eficiente. Autoridades como la presidenta del Congreso local y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla han destacado la importancia de esta transformación en el sistema, que transita de un modelo reactivo a uno preventivo y estratégico, fundamental para la estabilidad social en Michoacán.
El plan responde a un escenario donde la seguridad pública y la protección de las víctimas se han convertido en prioridades nacionales, influyendo en las políticas públicas y la institucionalidad. La consolidación de estos mecanismos refleja un compromiso profundo con la población y la necesidad de adaptar las instituciones a las demandas contemporáneas de justicia y transparencia.