La presencia de organizaciones criminales altamente violentas en el estado daña su seguridad, economía y estabilidad política, con implicaciones internacionales.
Michoacán enfrenta una profunda crisis de seguridad derivada de la operación de múltiples organizaciones criminales que controlan amplias regiones del estado. En más de 40 municipios, estas agrupaciones se dedican al tráfico de drogas, extorsión, secuestro y venta ilícita de armas, afectando tanto a comunidades locales como a la economía regional. La presencia de tres grupos que Estados Unidos ha clasificado como organizaciones terroristas representa un desafío adicional para las autoridades mexicanas, incrementando la violencia y la cooptación de instituciones públicas. La existencia de estos cárteles, algunos con raíces en demandas históricas y conflictos territoriales, ha contribuido a un ciclo violento que se intensificó tras las políticas de priorización del combate al narcotráfico durante la administración de Felipe Calderón, provocando una proliferación de actores y disputas por mercados ilegales. Además de los efectos en la seguridad, el estado es líder en producción agrícola de productos como limón, fresa y aguacate, este último exportado principalmente a Estados Unidos, donde la influencia de grupos delictivos y empresas transnacionales agrega complejidad a la problemática. La designación de estas organizaciones como terroristas por el gobierno estadounidense refleja la gravedad de la situación y la necesidad de estrategias integrales que aborden tanto la criminalidad como sus raíces económicas y sociales.