Autoridades anuncian un marco legal homologado y acciones coordinadas para disminuir la extorsión y fortalecer la seguridad en todo el país.
La Presidencia de México impulsa una significativa renovación en la lucha contra la extorsión mediante la implementación de una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar este delito, que será homologada en las 32 entidades federativas. La legislación busca que la persecución del delito sea automática, al permitir que las autoridades actúen de oficio, eliminando la carga de denuncia para las víctimas y facilitando la detección mediante el registro telefónico como herramienta clave.
Este esfuerzo se enmarca en una estrategia nacional que, desde su lanzamiento en julio, ha recibido con interés la participación de autoridades federalies y estatales, logrando una reducción del 37% en homicidios dolosos y avances en delitos como el robo de vehículos y a viviendas. La reciente creación de áreas especializadas en fiscalías estatales, así como el fortalecimiento del sistema de denuncias 089 y la homologación de procedimientos, refuerzan el compromiso de erradicar la extorsión a nivel local.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en los últimos meses se han recibido más de 102,000 llamadas de denuncia y se han detenido a más de 600 sospechosos en 22 estados, lo que evidencia el avance en la coordinación institucional. Además, se incorporará al sistema nacional la base de personas desaparecidas y no localizadas para un seguimiento más efectivo.
En el contexto, la fiscal general de la República, Ernestina Gody Ramos, y otros funcionarios resaltaron la necesidad de un trabajo conjunto con las fiscalías estatales y la adaptación normativa para fortalecer los recursos y mecanismos de investigación. Las autoridades también destacaron los avances en la atención de emergencias y la evaluación de simulacros que mejoran la capacidad de respuesta ante desastres naturales.
Este conjunto de acciones refleja un esfuerzo integral por mejorar la seguridad pública y disminuir una problemática que afecta tanto a la ciudadanía como a la economía del país, con un enfoque en la coordinación y la innovación en las estrategias de investigación y persecución del delito.