La reducción en recursos para conservación y protección ambiental podría limitar severamente las tareas de monitoreo, restauración y educación en áreas protegidas nacionales.
En el marco del proceso legislativo entrante, la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla un recorte del 12% en el financiamiento destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), lo que representará una inversión de aproximadamente 1,002 millones de pesos. De concretarse, esta sería la cifra más baja en más de dos décadas, poniendo en riesgo la gestión de más de 230 zonas protegidas que abarcan más del 30% del territorio nacional.
La disminución presupuestal imposibilita mantener programas cruciales como vigilancia ecológica, restauración de ecosistemas y actividades de educación ambiental, las cuales requieren recursos humanos y económicos constantes. La falta de fondos suficientes podría conducir al deterioro de áreas naturales, afectando su biodiversidad y conservación, además de generar un retroceso significativo en los esfuerzos por proteger la riqueza natural del país.
Históricamente, la inversión en conservación ha experimentado una caída del 52% en la última década, y actualmente, solo una fracción mínima de los recursos destinados a gastos climáticos se destinan propiamente a la protección de la naturaleza. Con el presupuesto actual, muchas de las áreas protegidas operarán al borde del colapso, ya que apenas recibirían unos pocos pesos anuales por hectárea para su cuidado. Asimismo, solo una parte de las áreas bajo protección cuenta con planes de manejo vigentes, complicando acciones de conservación en colaboración con comunidades indígenas y locales.
Expertos en medio ambiente advierten que la reducción en los recursos públicos afectará la capacidad del país para cumplir metas internacionales y cuidar su biodiversidad. La Secretaría de Medio Ambiente también verá recortes en su presupuesto, afectando su función y contribución en la política ambiental nacional. La inversión en la protección del entorno natural debe entenderse como una prioridad para garantizar bienestar, seguridad y la sustentabilidad futura de México.