La falta de aplicación de la Taxonomía Sostenible limita el financiamiento y el crecimiento de proyectos verdes en el país. México continúa enfrentando una significativa brecha en inversión en infraestructura y tecnología, destinando esfuerzos insuficientes para cerrar antiguos rezagos. Actualmente, el país invierte aproximadamente entre 2.3% y 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura, cuando se estima que sería necesario alcanzar al menos un 5.8% para reducir las desigualdades históricas. Además, el gasto en investigación y desarrollo apenas alcanza 0.27% del PIB, muy por debajo del promedio en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es de 2.7%. El establecimiento de la Taxonomía Sostenible en 2023 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presenta como un avance significativo en el marco de financiamiento sustentable. Este sistema de clasificación define criterios claros y unificados para identificar actividades consideradas verdaderamente sostenibles, ofreciendo un lenguaje común para inversionistas y autoridades. Gracias a ello, se facilita la orientación del financiamiento hacia proyectos sostenibles, ayudando a cerrar la brecha de financiamiento que alcanza los 13.6 billones de pesos en este rubro. Este marco, además, genera mayor certidumbre para los inversionistas y promueve una estrategia de inversión alineada con objetivos sociales y ambientales, una realidad que hace más competitivos a los países que adoptan estas políticas. Sin embargo, para aprovechar plenamente los beneficios, es fundamental que los proyectos públicos y privados tengan mejor estructuración para que sean “bancables”. La inversión en infraestructura sostenible y la formación de talentos especializados emergen como prioridades para impulsar un desarrollo más resiliente y acorde a los estándares internacionales, sobre todo en regiones con mayores rezagos como el sureste mexicano. El contexto global muestra que los países que i
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