El sector empresarial advierte sobre el crecimiento de la extorsión en el país y pide una estrategia nacional efectiva para proteger la economía.
El panorama de seguridad en México continúa complicándose, con un aumento significativo en los casos de extorsión que afectan a empresas y comunidades. En el transcurso del año, se registraron más de 8,500 víctimas de este delito, lo que representa un incremento del 5.2 por ciento en comparación con el año anterior. Esta problemática afecta particularmente a los municipios fronterizos, donde la incidencia creció un 15.2 por ciento, y una proporción importante de las víctimas en estos lugares enfrentan amenazas constantes.
La presencia de redes de extorsión ha llegado a influir en decisiones económicas de importancia, controlando operaciones, inversiones y procesos empresariales. La situación refleja fallas en la protección institucional y en la aplicación de justicia, lo que limita la libertad económica y genera un ambiente de temor entre los actores del sector productivo.
El gremio empresarial hace un llamado urgente a las autoridades federales y locales para que diseñen e implementen una estrategia integral contra este delito. La asignación de recursos adecuados y la armonización de las leyes son fundamentales para desmantelar estas redes delictivas. La protección de los negocios y el fortalecimiento de la seguridad son clave para restablecer la confianza y garantizar un entorno más justo para todos.
La lucha contra la extorsión es vista como un paso crucial para mejorar la seguridad jurídica y promover el desarrollo económico sostenible, en un contexto donde el control ilegal se ha consolidado en diversas regiones del país.