Tabasco y Chiapas están recibiendo a cerca de 18 mil personas deportadas por Estados Unidos desde enero de 2025. Esta situación incluye a ciudadanos de diversas nacionalidades, como venezolanos, hondureños, cubanos y nicaragüenses, quienes fueron expulsados tras haber estado bajo permisos humanitarios temporales o Estatus de Protección Temporal. Se estima que el 94 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas en Estados Unidos fueron negadas en ese período.
Muchos de los deportados llevan años residiendo en Estados Unidos y llegan a México sin familiares, redes de apoyo, documentos de identidad ni recursos económicos. Este escenario se complica aún más, ya que las autoridades mexicanas carecen de políticas adecuadas para recibir a estos migrantes, lo que genera condiciones difíciles para la reconstrucción de sus vidas.
La integración de estas personas en la sociedad mexicana es un reto monumental. El índice Semillas en Trayectoria indica un bajo nivel de 0.6 sobre 1, lo que refleja las dificultades para que los migrantes accedan a empleo, vivienda y servicios médicos. Esto resulta en un círculo vicioso donde muchos, al no encontrar oportunidades viables, deciden desplazarse nuevamente en busca de mejores condiciones, incluso formando caravanas.
"El verdadero desafío para México no es solamente recibir a quienes Estados Unidos expulsa, sino construir las condiciones para que esas personas puedan dejar de vivir en tránsito", señala un experto en derechos migrantes. Esta realidad evidencia que la migración es un fenómeno complejo que no puede limitarse al control fronterizo. La falta de integración y la recepción deficiente continúan perpetuando el desplazamiento.
México enfrenta un reto significativo sin tener soluciones claras en el horizonte para gestionar esta crisis.
Con información de e-consulta.com