La reciente ejecución de un alto funcionario en Colima sucede tras denunciar actos ilícitos vinculados a la Guardia Naval y una investigación federal en curso.
En noviembre de 2024, en la ciudad de Manzanillo, Colima, fue asesinado el contraalmirante Guerrero Alcántar, un destacado funcionario militar que había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República sobre irregularidades dentro de la Secretaría de Marina-Armada. Esta muerte ocurrió poco después de la ejecución de otro miembro de la corporación en circunstancias similares, generando inquietudes respecto a la infiltración del crimen organizado en las instituciones navales mexicanas.
El contraalmirante Guerrero Alcántar, en su carácter de director general de Recaudación de Aduanas, dirigió una carta en junio pasado a la autoridad naval, en la que señalaba la participación de ciertos capitanes y del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en incidencias en aduanas, presuntamente relacionadas con operaciones delictivas y corrupción. La fiscalía investiga vínculos de estos elementos con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de combustible ilícito, conocida como huachicol, y otras actividades del crimen organizado que afectan la seguridad nacional.
Es importante contextualizar que estas denuncias adquieren relevancia en un escenario donde las fuerzas armadas mexicanas han enfrentado presiones externas e internas, incluyendo posibles infiltraciones por grupos delictivos. La protección de las instituciones militares y la lucha contra la corrupción son ahora temas prioritarios para las autoridades, ante el riesgo de que estas acciones puedan derivar en violencia o impunidad. La indagatoria continúa abierta, y la revelación de estos hechos refleja la complejidad de mantener la integridad en las fuerzas armadas mexicanas frente a la presencia de organizaciones criminales en diversos ámbitos.