La violencia dentro de las instituciones educativas se ha convertido en un tema preocupante, especialmente tras la reciente agresión a un profesor por parte de un estudiante en Quinta Normal. Este incidente plantea interrogantes sobre el futuro y la dirección que tomarán las comunidades escolares en cuanto a la seguridad y el bienestar.
El problema se extiende más allá de la violencia física; refleja un profundo deterioro en la autoridad pedagógica, influenciado por cambios culturales y una crisis en la percepción del profesorado. Cada vez más, los docentes se ven obligados a priorizar su seguridad personal por encima de su labor educativa, lo que pone en riesgo el entorno de aprendizaje.
Con la implementación de la nueva Ley N.º 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar, se espera abordar estas problemáticas. Sin embargo, es crucial que este marco legal no termine siendo un simple documento sin efectividad. Su verdadero propósito debe ser garantizar un ambiente seguro tanto para estudiantes como para profesores, donde el aprendizaje pueda prosperar sin temor.
Históricamente, las escuelas han sido consideradas espacios seguros y de desarrollo. Sin embargo, la creciente normalización de la violencia escolar requiere un enfoque urgente y realista. Las leyes deben reflejar un compromiso sincero para cambiar las realidades actuales, en lugar de ser meras declaraciones de intenciones.
Los docentes no deberían cuestionar si su herramienta principal es un libro de clases o un chaleco antibalas al entrar a un aula. Es vital establecer una cultura que priorice la seguridad, transformando las aulas en lugares donde se fomente el aprendizaje y la convivencia pacífica.
Con información de latercera.com