La calidad en la proceso legislativo afecta el crecimiento económico y genera costos quantificables en países como Italia y México.
La elaboración de leyes en México ha evidenciado varios problemas que afectan la eficacia del marco normativo y generan incertidumbre jurídica. Procesos legislativos apresurados, debates cerrados, contradicciones internas y datos engañosos contribuyen a una legislación ambigua que complica el cumplimiento y la interpretación de las normativas. Este panorama no solo crea inseguridad legal, sino que también obliga a los actores económicos a recalcular costos y adoptar medidas de mitigación, incrementando los riesgos para la inversión.
En un análisis reciente realizado en Italia, investigadores evaluaron cómo la calidad de la redacción legal influye en el desempeño económico. Analizando más de 485,000 sentencias y leyes, concluyeron que las leyes mal redactadas reducen la inversión y el crecimiento empresarial, estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sería casi un 5% mayor si las leyes respetaran los estándares constitucionales. Los estudios señalaban que las leyes deficientes surgen principalmente en contextos de inestabilidad política y bajo influences de incentivos perversos, actualmente también visibles en el proceso legislativo mexicano.
El país ha experimentado una megareforma legislativa en el último año, con récord en números de reformas constitucionales y legales. Sin embargo, estos avances han estado marcados por errores que generan inseguridad y contradicciones, como la ambigüedad en reformas judiciales que afectan la autoridad de la Suprema Corte, o fallas en la coherencia de leyes en materia de comercio internacional. La toma de decisiones apresuradas y poco fundamentadas, incluyendo la desprofesionalización de algunos procesos, empeora aún más la calidad del marco legal.
La evidencia internacional y la experiencia local revelan que leyes mal redactadas no solo afectan la economía, sino que también socavan el Estado de derecho y la confianza ciudadana. La discusión sobre la calidad normativa, por tanto, debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política y legislativa, para evitar costos elevados y mejorar la certidumbre jurídica del país.