La normativa obliga a empleadores a proporcionar sillas con respaldo y prevenir riesgos a partir del 14 de diciembre, tras periodo de adaptación.
La Ley Silla, una reforma fundamental en salud y derechos laborales, entra en vigor este domingo tras finalizar el plazo de 180 días otorgado a las empresas para ajustar sus espacios de trabajo. La norma establece que las organizaciones deberán disponer de sillas con respaldo para quienes realicen actividades de pie, con el fin de reducir riesgos físicos y promover descansos adecuados durante la jornada laboral.
Esta legislación responde a la realidad de millones de mexicanos que, en sectores como comercio, seguridad privada, restaurantería o atención al cliente, permanecen largas horas de pie sin pausas suficientes. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que aproximadamente tres millones de empleados en el país realizan tareas en las que mantenerse en pie es la principal exigencia, enfrentándose a riesgos como várices, lesiones en rodillas o hemorroides.
El cambio legal no solo fortalece los derechos laborales, sino que también busca prevenir problemas de salud que pueden derivar en ausentismo y menor productividad. Las empresas que incumplan con la obligación podrán ser sancionadas con multas que van desde 250 hasta 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización, además de correr el riesgo de suspensiones temporales en caso de reincidencia.
Este avance legislativo se inscribe en una tendencia mundial a mejorar las condiciones laborales y reconocer la importancia del bienestar físico en la plantilla. La evidencia científica soporta que dotar de mobiliario ergonómico y promover pausas activas contribuye a combatir enfermedades relacionadas con posturas prolongadas, lo que también puede impactar de forma positiva en la economía y en la salud pública del país.