La legislación propone ingresos récord y cambios fiscales para fortalecer la economía y financiar el próximo presupuesto federal.
La discusión en la Cámara de Diputados se centra en la aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, que contempla un ingreso total estimado en poco más de 10 billones de pesos, representando un incremento de aproximadamente 891 mil millones respecto a 2025. La propuesta prioriza los ingresos tributarios, que se proyectan en cerca de 5.84 billones de pesos, además de otros conceptos como aprovechamientos, transferencias y ventas de bienes y servicios.
Entre las novedades, destaca la autorización para que el gobierno federal contrate endeudamiento interno por hasta 1.78 billones de pesos y externo por alrededor de 15.5 mil millones de dólares. Estos recursos buscan financiar el Presupuesto de Egresos y facilitar operaciones de refinanciamiento. También se incluyen incentivos para la repatriación de capitales, con una tasa preferencial de ISR del 15% para quienes retornen fondos lícitos antes de septiembre de 2026 y los inviertan en actividades productivas durante al menos tres años.
Asimismo, se propone reducir beneficios fiscales en el sector financiero, eliminando deducibilidad del 75% de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y se unifica el régimen fiscal de bancos, homogenizando las deducciones por créditos incobrables. Estas modificaciones buscan equilibrar el marco tributario y mantener la estabilidad económica en el próximo año fiscal, en un contexto de decisiones que pueden impactar tanto a instituciones financieras como a inversionistas nacionales y extranjeros.
Dentro del análisis, es importante considerar que estas reformas y variaciones en la política fiscal reflejan una estrategia para incrementar ingresos, fortalecer la recaudación y atraer capitales, en medio de un entorno económico desafiante que requiere ajustes en las políticas tributarias y de deuda pública. La aprobación definitiva de la Ley de Ingresos será esencial para definir los parámetros financieros y fiscales que guiarán las acciones del gobierno federal en el próximo ciclo.