La reforma al marco hídrico genera críticas por su impacto en agricultores y la falta de acuerdos, mientras continúa el debate en el Congreso.
El pasado miércoles 3 de noviembre, la Cámara de Diputados en México aprobó un proyecto de reforma en materia de gestión del agua con 328 votos a favor y 131 en contra, en medio de un intenso debate y protestas por parte de comunidades agrícolas. La legislación, impulsada por la administración federal, busca actualizar el marco normativo sobre el uso y conservación del recurso hídrico en el país, pero ha generado controversia debido a que aún no incorpora modificaciones acordadas con sectores afectados. Diversos representantes del sector agrícola y ganadero expresaron su rechazo a la propuesta, alegando que la redacción actual criminaliza a quienes trabajan la tierra y no respeta los compromisos previos. La oposición denuncia que, pese a las denuncias por acaparamiento y tomas clandestinas de agua, las acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han sido insuficientes y tardías, evidenciando una falta de voluntad para combatir los delitos relacionados con el recurso natural. La discusión en lo particular del dictamen continúa en la Cámara, mientras expertos analizan el impacto de las sanciones, que incluyen multas millonarias y penas privativas de libertad. La polémica refleja la tensión entre la necesidad de regular un recurso cada vez más escaso y los intereses de quienes dependen del uso del agua para su subsistencia.